Resumen

El disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental es un derecho humano fundamental. Las personas privadas de la libertad conservan todos los derechos de los que no los despoja su condición: la pena consiste solo en la privación de la libertad y no en la privación de los derechos humanos fundamentales. Quienes ingresan a las cárceles y otros contextos de encierro con frecuencia presentan problemas de salud preexistentes diagnosticados y en tratamiento. Este último debe continuarse con el mayor nivel de atención, de forma similar a la que accede la comunidad exterior. El servicio de salud penitenciario cumple un papel importante en la protección de la salud y el acceso a diagnósticos y tratamientos, lo que redundará en resultados no solamente las personas internas, sino también para sus familias y toda la comunidad. Este documento está dirigido a las personas encargadas de la gestión de los sistemas penitenciarios y otros contextos de encierro que tienen bajo su responsabilidad la administración de los servicios de salud en esos ámbitos en los diferentes niveles de gestión de la política penitenciaria a nivel nacional y subnacional. El objetivo de la publicación es orientar, facilitar la puesta en marcha y fortalecer las acciones dirigidas a la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados relacionados con la tuberculosis, el VIH, las ITS y las hepatitis virales de las personas que se encuentran alojadas en centros de privación de la libertad, con estándares similares a los de la población general. Se aplica también a otras formas de encierro tanto de personas privadas de libertad por motivos relacionados con la comisión de delitos o infracciones de la ley como por razones humanitarias y de protección o en establecimientos psiquiátricos.